Con un ticket promedio de 35 mil pesos y un mercado invadido por importaciones, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió sobre una «avalancha» de productos extranjeros, caída del consumo, contrabando y cambios en los hábitos de los niños que amenazan la supervivencia del sector local.
La industria argentina del juguete atraviesa una de las peores crisis de su historia. A pocas semanas de las Fiestas, temporada clave para el sector, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) emitió un duro diagnóstico sobre la situación que enfrenta la actividad, marcada por la apertura indiscriminada de importaciones, el contrabando desmedido y profundos cambios en las conductas de consumo.
Matías Furió, titular de la CAIJ, graficó la magnitud del problema con datos contundentes: «En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes». El panorama se agrava cuando se considera que el ticket promedio de compra alcanza los 35 mil pesos, un monto que complica el acceso de muchas familias en un contexto de ajuste económico generalizado.
La cámara empresaria también señaló factores estructurales que impactan negativamente en el mercado. La baja sostenida de la tasa de natalidad y el creciente uso de pantallas por parte de los niños modificaron radicalmente los patrones de consumo tradicionales. Los juguetes físicos compiten hoy con dispositivos electrónicos y plataformas digitales que capturan la atención de los más chicos.
El comercio electrónico, que podría representar una oportunidad para las PyMEs del sector, aún muestra limitaciones importantes. «El e-commerce crece, pero aún representa solo el 25% de las ventas y plantea desafíos logísticos, financieros y de promoción digital que dificultan su aprovechamiento pleno por parte de las PyMEs», indicó la entidad en su informe.
El contrabando constituye otra variable crítica en la ecuación. Bazares y polirrubros que comercializan juguetes de origen ilegal explican el 30% del mercado en el país, lo que profundiza la desigualdad de condiciones para los fabricantes locales que deben cumplir con normativas de seguridad, impuestos y cargas laborales. La combinación de estos factores configura un escenario desafiante para la industria nacional del juguete, que reclama medidas urgentes para garantizar su supervivencia.
