Una empresa inglesa instaló un radar con capacidad militar en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, con autorización del gobierno nacional en 2022 y aval provincial del gobernador Gustavo Melella. Excombatientes de Malvinas se manifestaron contra su funcionamiento, pero el radar sigue operativo enviando información sensible al exterior.
A solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, en pleno corazón de Tierra del Fuego, funciona un radar británico que puede ser utilizado con fines militares y que pone en jaque la soberanía nacional. La instalación fue autorizada por el Estado argentino en un hecho que genera estupor y reclamos de excombatientes de la guerra de 1982.
Leolabs, empresa privada de tecnología espacial con sede en Londres, Reino Unido, instaló el controvertido radar en la estancia «El Relincho» de Tolhuin. La compañía, que afirma brindar información y soluciones tanto en el ámbito civil como militar a gobiernos de todo el planeta, ingresó al país bajo el argumento de «monitorear basura espacial».
El proceso de habilitación comenzó con la creación de una subsidiaria local, Leolabs Argentina SRL, con sede en Ushuaia. En noviembre de 2022, la Subsecretaría de Comunicaciones dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación autorizó la construcción del radar en territorio nacional.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, otorgó los avales provinciales necesarios para que la empresa británica concretara la instalación, poniendo en riesgo la soberanía nacional en una de las zonas más estratégicas del país. En pocos meses, el radar comenzó a operar a solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas.
La situación despertó el inmediato reclamo de numerosos grupos de excombatientes que se manifestaron en el ingreso a la estancia donde funciona el radar. «Es inadmisible que permitamos un radar inglés en suelo argentino, tan cerca de Malvinas», expresaron los veteranos de guerra.
El Ministerio de Defensa emitió una resolución contundente: el radar representa «una amenaza a la seguridad nacional», ya que es apto para monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar, interceptar datos sensibles y observar objetos terrestres, marítimos o detectar aeronaves.
Pablo Bilbao, representante legal de Leolabs en Argentina y asesor de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparrós, no brindó explicaciones cuando fue consultado sobre las implicancias de seguridad que genera la instalación.
A pesar de que el Ministerio de Defensa solicitó formalmente la cancelación y suspensión definitiva del radar, nadie se hace cargo de la situación. Mientras tanto, el dispositivo continúa funcionando y enviando información potencialmente sensible para los intereses del país a destinatarios desconocidos, vulnerando la soberanía y seguridad nacional.
El caso resulta paradójico en un país donde cada 2 de abril los dirigentes se muestran conmovidos por la causa Malvinas y donde la soberanía nacional se supone es una cuestión de Estado. Sin embargo, la realidad indica que a pocos kilómetros del archipiélago usurpado, un radar británico opera libremente en territorio argentino con la venia de las autoridades que debían proteger esos mismos intereses.
