Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo.
El anuncio fue realizado en el marco de la consigna «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», y de cara a las protestas sociales ya anunciadas para la semana próxima.
En la mañana de este jueves, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el nuevo protocolo incluirá «sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia».
El anuncio se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
«Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores», confirmó el martes el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.
Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich -en el mismo cargo, al frente de la cartera de Seguridad- también había lanzado en febrero de 2016 un protocolo «antipiquetes» para evitar los cortes de tránsito en la vía pública.
El llamado «Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas» procuraba, entre otros objetivos, ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes.
En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían «5 o 10 minutos» para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. «Si no se van, los sacamos», expresó en declaraciones periodísticas.
La medida, que según la ministra buscaba establecer «reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes», fue cuestionada por dirigentes y organizaciones políticas y sociales, que alertaron que se trataba de una decisión que criminalizaba la protesta.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, mencionó en esa oportunidad que el Protocolo limitaba «de manera inconstitucional el derecho a la protesta», a la vez ampliaba «las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social» en la Argentina al colocar el «orden público por encima de todo».
El CELS también evaluó que se trataba de una medida incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El Protocolo había sido puesto en conocimiento de los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional, pero no se tradujo en una resolución o disposición oficial que se publicara en el Boletín Oficial.
La decisión comunicada en su momento por Bullrich también regulaba el trabajo periodístico, porque establecía que la policía iba a indicar a los trabajadores de prensa dónde podían ubicarse de modo que “no interfieran con el procedimiento de seguridad. De ese modo, incidía en forma negativa sobre la libertad de expresión», resaltó el CELS en 2016.
El organismo aclaró que es falsa la información viral que indicaba que los contribuyentes deberían justificar transferencias superiores a $400.000 por billeteras virtuales o $250.000 por homebanking. Se actualizaron los montos mínimos que las entidades financieras deben informar al fisco.
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