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Cristian Heredia, director de Emergencias Sociales, realizó las auditorías en todos los establecimientos y descubrió irregularidades.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba condenó el miércoles al exintendente de la ciudad de Pilar, Diego Alejandro Bechis, y al exfuncionario de esa municipalidad, Paulo César Berón, como autor y partícipe necesario respectivamente del delito de lavado de activos agravado por su calidad de funcionarios públicos.
Córdoba 13/05/2024La jueza Carolina Prado y sus colegas Julián Falcucci y Jaime Días Gavier le impusieron al exjefe comunal pilarense una condena de cinco años de prisión, que se unificó en una pena única de siete años con otra impuesta en 2020 por la Cámara en lo Criminal de 10° Nominación de la provincia de Córdoba, como coautor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad.
Ambos hombres también recibieron la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el termino de cinco y tres años, respectivamente, en tanto que deberán abonar sendas multas equivalentes a 300 salarios mínimos, vitales y móviles, conforme a su valor al 7 de febrero de 2018, accesorias legales y costas.
Es importante recordar que en septiembre del 2023, la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, había solicitado que el caso sea elevado a juicio. De acuerdo al requerimiento de la magistrada, Bechis y Berón se valieron de sus roles para desplegar una serie de maniobras delictivas que les permitieron la obtención de ganancias ilícitas.
La pieza acusatoria indicó que, a fin de dotar de apariencia lícita a las ganancias obtenidas ilegalmente, ambos crearon el 7 de noviembre de 2011 la Fundación PI.DE.PRO y, por su intermedio, el Museo Polifacético Costumbrista “Sergio Cachin”, una granja educativa y el Colegio Manuel Belgrano, que funcionaban en predios cedidos por el municipio pilarense.
En el requerimiento de elevación a juicio la fiscal de instrucción destacó que, con la fundación como pantalla, los imputados adquirieron diversos bienes, cuyos valores excedían ampliamente el poder adquisitivo con el que contaban y fueron abonados en efectivo o por transferencia, al tiempo que -con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados-, hicieron consignar en las facturas de compra y en calidad de adquirente a la Municipalidad de Pilar, como también simularon ser beneficiarios de ciertas donaciones.
En virtud de las pruebas recolectadas durante la investigación, la fiscal Schianni consideró que Bechis y Berón conformaron una estructura ilícita, la dotaron para su funcionamiento y adquirieron -con dinero espurio- bienes antiguos que resguardaron en galpones, que fueron donados por la Municipalidad a la Fundación, que también era parte crucial de la maniobra.
Finalmente, en su presentación la fiscal también consideró como “infructuoso” el esfuerzo de los procesados por disimular que las compras en negro y de lavado irregular eran efectuadas por el mismo municipio, e hizo hincapié en el abuso de una situación de poder, la falta de control y regularidad en los procesos de compra, que las convirtieron en “operaciones de lavado de activos”.
Cristian Heredia, director de Emergencias Sociales, realizó las auditorías en todos los establecimientos y descubrió irregularidades.
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