Cierran seis oficinas de ARCA en Córdoba como parte del ajuste nacional

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, cerrará definitivamente seis de sus oficinas en la provincia de Córdoba a partir de este miércoles 16 de abril. La medida forma parte del programa de ajuste fiscal implementado por el gobierno nacional y afecta a las delegaciones ubicadas en Río Tercero, Marcos Juárez, La Carlota, Corral de Bustos, Villa General Belgrano y Huinca Renancó, según lo establecido en la Disposición 36 de ARCA del pasado 28 de febrero.

Entre las oficinas afectadas, la de Río Tercero es la más significativa, con 40 años de funcionamiento ininterrumpido y una plantilla de seis empleados —tres administrativos y tres inspectores— que hasta el momento desconocen cuál será su destino laboral. Las alternativas que manejan incluyen continuar trabajando a puertas cerradas, pasar a modalidad remota o ser trasladados a otras dependencias, generando un clima de incertidumbre entre el personal.

Para los contribuyentes, este cierre podría ocasionar importantes complicaciones en la realización de trámites que requieran atención presencial. Los habitantes de las localidades afectadas deberán trasladarse a oficinas más lejanas o adaptarse a los canales digitales de ARCA. En el caso específico de Río Tercero, los ciudadanos tendrán que dirigirse hasta la ciudad de Hernando para gestiones que no puedan realizarse online.

La reorganización territorial de ARCA en Córdoba mantiene la división en dos regionales: Córdoba y Río Cuarto. Dentro de esta última, cesarán sus actividades tanto distritos como receptorías, modificando sustancialmente el mapa de atención al contribuyente en la provincia. En la oficina de Río Tercero, ubicada en Bolívar 385, ya se observan afiches del gremio AEFIP manifestándose contra estas medidas.

El cierre de estas delegaciones se enmarca en una estrategia nacional que afecta a decenas de distritos y receptorías de todo el país, cuyo plazo de funcionamiento vence este sábado 18 de abril. Esta decisión forma parte de las políticas de transformación del Estado impulsadas por la administración de Javier Milei, que busca reducir significativamente el gasto público, aunque genera preocupación sobre la calidad y accesibilidad de los servicios para los contribuyentes del interior.