El Ministerio Público Fiscal de Córdoba implementó un sistema de denuncias digitales para facilitar el acceso a la justicia de víctimas de todo el país. Los responsables fueron detenidos tras múltiples allanamientos.
Córdoba 17/04/2025
Redacción Minuto Córdoba
El pasado viernes, la investigación sobre la constructora Márquez y Asociados dio un giro decisivo cuando el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de los tres propietarios de la empresa y su contador. Los detenidos están siendo investigados por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por afectar a compradores de varias provincias como Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.
La investigación se centra en numerosas viviendas que, a pesar de haber sido totalmente pagadas por los compradores, nunca fueron entregadas por la constructora. Como parte del operativo, las autoridades procedieron al secuestro de 12 vehículos pertenecientes a los acusados, entre los que se destacan modelos de alta gama como Mercedes-Benz y Mini Cooper, evidenciando el contraste entre el lujo de los implicados y la difícil situación de las víctimas.
Ante la magnitud del caso y la dispersión geográfica de los damnificados, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba ha implementado un innovador sistema de formulario digital que permitirá a las víctimas presentar sus denuncias sin necesidad de trasladarse físicamente a la ciudad de Córdoba, donde se centraliza la investigación. Esta medida busca facilitar el acceso a la justicia y agilizar el proceso de recolección de testimonios para fortalecer la causa.
Por su parte, la Dirección de Defensa al Consumidor de Córdoba impuso a la constructora una multa de 260 millones de pesos, reflejando la gravedad de las infracciones cometidas. Diego Puente, titular del organismo, reveló que en los últimos 18 meses se registró un aumento significativo en las denuncias contra Márquez y Asociados, lo que evidencia la progresiva expansión del esquema fraudulento.
Paralelamente a la causa penal, las autoridades de Defensa al Consumidor mantienen abierto un procedimiento administrativo que busca promover instancias de conciliación entre las partes, con el objetivo de ofrecer soluciones más rápidas a los afectados, quienes en muchos casos invirtieron sus ahorros de toda la vida en viviendas que nunca recibieron, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad financiera y habitacional.
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