Milei firmó un DNU para privatizar AySA y habilitar el ingreso de capital privado al servicio de agua

El presidente dictó el Decreto 493/2025 que modifica integralmente el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales. La medida sustituye más de 100 artículos del régimen vigente desde 2006 y permite que la concesionaria garantice financiamiento con fondos propios y corte el servicio por mora.

El País 22/07/2025Redacción Minuto CórdobaRedacción Minuto Córdoba
2025 - Aysa el agua privatizada
Desesperado por dar señales al mercado y hacerse de dólares, el Gobierno puso en marcha la reprivatización de AySA.

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transforma de manera integral el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales, habilitando el ingreso de capital privado en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La disposición, dictada en acuerdo general de ministros, será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su evaluación y pronunciamiento sobre su validez.

El DNU 493/2025 sustituye más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y modifica sustancialmente las condiciones operativas de la concesionaria. Entre los cambios más significativos, AySA podrá ahora garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal con autorización del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). El decreto también incorpora un "Plan Director de Mejora Estratégica" para priorizar inversiones de infraestructura.

El Gobierno justificó la medida en la "profunda crisis económica" y en el "deterioro operativo y financiero" de AySA, destacando que la empresa recibió transferencias del Tesoro por US$13.400 millones entre 2006 y 2023. Según el Ejecutivo, a pesar de estos recursos, la compañía no logró mejorar su productividad ni expandir adecuadamente la cobertura del servicio. La administración libertaria sostiene que el modelo estatal vigente "no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia".

Actualmente, el 90% del capital de AySA permanece en manos del Estado, aunque el DNU habilita su enajenación total o parcial conforme a la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El decreto establece además un período de transición de hasta cinco años tras la privatización para mantener el equilibrio económico-financiero del contrato, mientras que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del nuevo régimen regulatorio.

La medida se enmarca en el plan más amplio del Gobierno nacional de privatizar empresas estatales y representa uno de los pasos más significativos hacia la desregulación del sector de servicios públicos. Con esta decisión, el Ejecutivo busca atraer inversiones privadas que considera "urgentes" para garantizar el plan económico que sin dólares no funciona. 

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