Denuncian penalmente a Luis Caputo por presunto beneficio ilegal a cerealeras extranjeras

Un diputado cordobés presentó la primera denuncia penal contra el ministro de Economía por una medida que suspendió retenciones por tres días. La acusación señala un posible perjuicio fiscal de 1.500 millones de dólares y favorecimiento a seis empresas cerealeras.

El diputado Oscar Agost Carreño presentó ante la Fiscalía Federal de Córdoba la primera denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. La acusación se centra en una medida excepcional que suspendió durante tres días las retenciones a productos agropecuarios y carnes, permitiendo recaudar 7.000 millones de dólares en un operativo que habría beneficiado principalmente a grandes exportadoras.

Según la presentación judicial, la decisión ministerial podría configurar un delito contra el erario público y los productores rurales del país. Agost Carreño sostiene que solo seis empresas cerealeras y conexionistas extranjeros se habrían beneficiado de la medida, mientras los pequeños y medianos productores agropecuarios quedaron excluidos de cualquier ventaja. El legislador estimó que esta operatoria generó una pérdida fiscal de aproximadamente 1.500 millones de dólares.

La denuncia también plantea la posible existencia de «información privilegiada» compartida con las cerealeras beneficiadas, lo que podría constituir administración fraudulenta. El diputado caracterizó la operación como «un pago adelantado con descuento usurario», donde el Estado aseguró divisas a corto plazo a costa de un perjuicio fiscal que afectó especialmente al sector productivo rural.

Otro elemento cuestionado en la presentación judicial es que las empresas cerealeras habrían presentado declaraciones juradas sin contar con el respaldo físico de sus acreencias, incumpliendo potencialmente las normativas vigentes. Este punto refuerza la hipótesis de irregularidades en el proceso que permitió la suspensión temporal de las retenciones.

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La denuncia se encuentra en etapa preliminar y será la Justicia Federal de Córdoba la encargada de investigar si la medida fue implementada al margen de la ley. El caso abre un nuevo frente judicial para el ministro Caputo y pone bajo la lupa las políticas excepcionales aplicadas en materia de comercio exterior agropecuario.