La administración de Javier Milei elevó un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para revertir la resolución judicial que dispone la plena vigencia de la ley hasta 2027. El Ejecutivo sostiene que el fallo interfiere con sus facultades al obligar un gasto sin definir la fuente de financiamiento y pone en riesgo el equilibrio fiscal. La demanda inicial provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad afectadas por la suspensión de tratamientos y servicios.
El Gobierno de Javier Milei elevó un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para revertir la orden judicial que dispone la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La administración libertaria sostiene que el fallo del juez Adrián González Charvay interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo al obligar a un gasto sin definir la fuente de financiamiento, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal que el Gobierno considera prioritario en su gestión.
La apelación busca invalidar la resolución del Juzgado Federal de Campana que declaró nulo el artículo central del decreto presidencial y ordenó la aplicación inmediata de la ley, vigente hasta fines de 2027. El Poder Ejecutivo insiste en que la norma fue aprobada por el Congreso sin especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir sus costos, lo que según el Gobierno hace inviable su aplicación y afecta directamente la administración del gasto público y el programa de equilibrio fiscal.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la Justicia avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo al inmiscuirse en la elaboración del presupuesto. La demanda inicial que desencadenó el fallo provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, que presentaron un amparo ante el impacto de la suspensión en tratamientos y servicios esenciales para sus familiares.
Por su parte, el Juzgado Federal de Campana argumentó en su sentencia que los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. La resolución judicial recordó, además, los compromisos que el Estado argentino ha asumido en tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales tienen jerarquía constitucional.
La decisión final sobre la vigencia inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la definición de los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín. El caso plantea un debate de fondo sobre la tensión entre los derechos sociales garantizados constitucionalmente y las políticas de ajuste fiscal impulsadas por la actual gestión nacional.
