El Ejecutivo nacional busca redefinir la protección del «ambiente periglacial» y transferir competencias a las provincias para destrabar inversiones mineras en la Cordillera. Organizaciones ambientalistas advierten que la medida pondría en riesgo reservas estratégicas de agua que abastecen a millones de argentinos.
El gobierno de Javier Milei confirmó el envío al Congreso de un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una normativa vigente desde hace 15 años que protege estas reservas hídricas como bienes estratégicos. La iniciativa busca «ordenar el marco normativo» y poner fin a lo que el Ejecutivo considera «interpretaciones arbitrarias» que paralizan inversiones productivas.
El punto más controvertido de la reforma es la redefinición del «ambiente periglacial», zonas de montaña con suelos congelados donde no necesariamente hay glaciares visibles pero que funcionan como reservorios de agua. El gobierno sostiene que la protección actual es demasiado amplia e indefinida, lo que bloquea proyectos mineros incluso en áreas donde supuestamente no habría verdaderos recursos hídricos. Sin embargo, especialistas que se oponen a la modificación señalan que estos ambientes incluyen glaciares de escombros y suelos congelados que aportan entre 25 y 30% del caudal de ríos cordilleranos en años de sequía.
Otro eje central de la propuesta es el fortalecimiento del federalismo ambiental, transfiriendo a las provincias la capacidad de decidir sobre sus recursos naturales mediante estudios técnicos. El secretario de Minería, Luis Lucero, confirmó que el texto ya está redactado tras meses de trabajo y apunta a «restituir a las provincias la capacidad de decidir» sobre la viabilidad de proyectos en sus territorios. La modificación cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas como San Juan y Mendoza, que ven en la norma actual un freno al desarrollo de grandes proyectos de cobre cruciales para la transición energética.
La iniciativa desató un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicas. Según datos oficiales, Argentina tiene más de 16.000 glaciares que abarcan una superficie equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires, y más de 7 millones de personas dependen del agua de cuencas de montaña para su abastecimiento diario. El debate se dará en el marco de sesiones extraordinarias del Congreso, en un contexto donde la ONU declaró 2025 como Año Internacional de la Preservación de los Glaciares.
La protección vigente: glaciares como reservas estratégicas de agua
La Ley de Glaciares N° 26.639, vigente desde 2010, estableció un marco de protección integral que define a estos cuerpos de hielo como bienes de carácter público y reservas estratégicas de recursos hídricos. La normativa no solo protege los glaciares visibles, sino también el ambiente periglacial, que incluye áreas de alta montaña con suelos congelados y zonas de media y baja montaña con suelos saturados en hielo. Estos ambientes funcionan como reguladores hídricos fundamentales para millones de argentinos que dependen del agua de las cuencas cordilleranas para consumo humano, agricultura y recarga de ríos.
El régimen de prohibiciones que establece la ley es contundente: impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y ambiente periglacial, prohíbe la liberación de sustancias contaminantes o residuos de cualquier tipo, y veta la construcción de obras de infraestructura que puedan modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua. Las únicas excepciones contempladas son las actividades científicas a pie o sobre esquíes que no dejen desechos, y los deportes no motorizados que no perturben el ambiente. Esta protección se fundamenta en el principio precautorio, que establece que ante la duda sobre posibles daños ambientales irreversibles, debe prevalecer la protección.
Desde su implementación, la ley logró frenar 44 proyectos mineros que amenazaban directamente glaciares y zonas periglaciares, consolidándose como una de las normativas ambientales más importantes de Argentina. La Corte Suprema ratificó en 2019 la constitucionalidad de la ley por unanimidad, señalando que los derechos individuales como el de propiedad ceden ante derechos colectivos como el acceso al agua, un fallo que reafirmó la responsabilidad compartida entre Nación y provincias en la protección de estos ecosistemas vitales.
