Más de 15 sindicatos del sector público se movilizaron hacia la Unicameral mientras se debate el Presupuesto y la facultad del Ejecutivo para incrementar hasta cuatro puntos porcentuales los aportes jubilatorios de los trabajadores activos. La Bancaria, SUOEM, Judiciales y Luz y Fuerza encabezaron la protesta contra una medida que califican como «recorte salarial encubierto».
En medio del debate legislativo por el Presupuesto provincial, más de 15 gremios estatales protagonizaron una masiva movilización hacia la Legislatura de Córdoba en rechazo al artículo que habilita al Ejecutivo a incrementar los aportes previsionales de los trabajadores activos. La medida, condicionada a la declaración de emergencia previsional, permite aumentar hasta cuatro puntos porcentuales las contribuciones personales, una decisión que los sindicatos denuncian como un nuevo ajuste sobre los salarios públicos.
La convocatoria del frente gremial estatal se dio en simultáneo con el tratamiento parlamentario de la norma, generando una jornada de alta tensión en el centro cívico cordobés. Entre los sindicatos más visibles de la protesta aparecieron La Bancaria, el SUOEM, los Judiciales y Luz y Fuerza, sectores que el propio oficialismo identificó como los potencialmente más afectados por el incremento de aportes debido a que concentran los salarios más elevados del empleo público provincial.
Esa característica salarial los ubica, además, entre los regímenes que mayor peso tienen en el déficit de la Caja de Jubilaciones, un argumento central que el gobierno de Martín Llaryora viene utilizando para justificar la necesidad de la medida. Desde el Ejecutivo sostienen que la recomposición de los ingresos del sistema previsional es urgente y que los sectores con mayores ingresos deben contribuir proporcionalmente más para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, desde los gremios rechazan categóricamente esa lógica y advierten que el aumento de aportes personales implica una pérdida directa del poder adquisitivo de los trabajadores. «No vamos a ser la variable de ajuste de una crisis que no generamos», expresaron dirigentes sindicales durante la movilización, en clara sintonía con un arco gremial que viene endureciendo su postura frente al gobierno provincial.
La protesta anticipa una profundización del conflicto entre el gobierno de Llaryora y los sindicatos del sector público, con la Legislatura como epicentro de una disputa que combina tensión política, social y financiera. Mientras la Unicameral avanza con la aprobación del artículo, los gremios estatales ya advierten que continuarán con medidas de fuerza si la norma se convierte en ley, instalando un escenario de alta conflictividad para las próximas semanas.
