DIPUTADOS DEBATIRÁ HOY LA NUEVA LEY DE GLACIARES: EL OFICIALISMO AVANZA CON LOS VOTOS PARA HABILITAR LA MINERÍA EN ZONAS PERIGLACIARES

- La Libertad Avanza cuenta con entre 135 y 140 votos para sancionar este miércoles la reforma que otorga a las provincias la potestad de definir qué áreas tienen reserva hídrica estratégica. Por lo tanto, esto abre la puerta a la actividad minera en zonas hoy protegidas bajo la nueva ley de glaciares. Además, la oposición y organizaciones ambientalistas ya preparan acciones judiciales para impugnar la constitucionalidad de la futura norma.
El oficialismo se encamina a consagrar este miércoles en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Glaciares. Esta reforma habilitaría la minería en zonas periglaciares actualmente protegidas por la legislación vigente. En este contexto, la discusión pública por la nueva ley de glaciares ha cobrado relevancia. La Libertad Avanza, junto a aliados del PRO, la UCR y bloques de San Juan, Catamarca y Misiones, se alzó el martes con el dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, con 37 firmas sobre las 66 que integran el plenario. Por otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron dictámenes de rechazo.
La modificación central del proyecto consiste en transferir a cada provincia la facultad de determinar qué sectores de su territorio cumplen una función de reserva hídrica estratégica y cuáles no. Por lo tanto, la nueva ley de glaciares podría cambiar la lógica de conservación en todo el país. Además, la oposición advierte que este cambio invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales. Esto podría permitir que un distrito tome decisiones que afecten cuencas hídricas compartidas por varias regiones. En consecuencia, se generaría un retroceso ambiental de alcance federal.
El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego fue el único mandatario que participó de las audiencias en comisión —por Zoom— y expresó su «compromiso taxativo» con el proyecto. Orrego, cuya provincia impulsa el megaproyecto minero Vicuña, argumentó que «la minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo e indirecto» y destacó la importancia de industrias vinculadas en otras provincias, mencionando expresamente «la metalmecánica en Córdoba o Santa Fe». Por último, este debate gira en torno a la nueva ley de glaciares y su impacto en la economía regional.
Denuncias penales y conflicto de intereses en el corazón del debate
La tramitación de la ley está atravesada por graves cuestionamientos éticos. La Asociación de Abogados Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, por intervenir en asuntos que benefician a empresas con las que tuvo vínculos previos, como Xstrata, AngloGold Ashanti y Rio Tinto, durante su paso por el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal. El propio Lucero reconoció ante el diputado Maximiliano Ferraro que debió excusarse en expedientes vinculados a sus exclientes. No obstante, defendió la norma y negó que afecte el acceso al agua. Cabe destacar que todas estas polémicas surgen durante el tratamiento de la nueva ley de glaciares.

Las denuncias se extendieron además a la senadora salteña Flavia Royón, a quien también acusan de vínculos con empresas del sector minero. Por otra parte, los ambientalistas alertaron por nota a diputados sobre otros casos de posible conflicto de intereses, incluyendo a Nicolás Massot (Encuentro Federal) y al mendocino Emir Félix (Unión por la Patria). Paralelamente, la oposición impugna las audiencias públicas por haber impedido la participación oral de más de 100 mil inscriptos. Consideran que esto es una violación al Acuerdo de Escazú. Diversos sectores ya preparan presentaciones judiciales para plantear la inconstitucionalidad de la ley una vez que sea sancionada. Todas estas situaciones tienen relación directa con el contexto creado por la nueva ley de glaciares impulsada en el Congreso.





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