Córdoba usará el Fondo de Emergencia para la Discapacidad y dará un refuerzo de hasta $450 millones a prestadores del sector

• El gobernador Martín Llaryora recibió a instituciones afectadas por la crisis nacional y anunció que el fondo, originalmente destinado a proyectos de inclusión, se redirigirá para sostener a entidades que dejaron de percibir aportes de PAMI e Incluir Salud. Además, la medida apunta a cubrir el vacío que dejó el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Gobierno nacional. Por otra parte, el uso del fondo de emergencia se vuelve central en este contexto.

El Gobierno de Córdoba anunció este miércoles un refuerzo económico de entre 400 y 450 millones de pesos para prestadores del sector de la discapacidad. Este sector fue golpeado por la falta de respuesta del Estado nacional ante la crisis que atraviesa el sector. Por otro lado, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, confirmó que los recursos provendrán del Fondo de Emergencia para la Discapacidad. Además, la inyección de dinero busca sacar a las instituciones «de este agujero en el que se encuentran».

El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes del sector en el Centro Cívico y anunció un cambio de destino en el uso del fondo. «Originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó el mandatario. Además, anticipó que se acelerará la entrega de dichos fondos debido a la urgencia del escenario. En efecto, la importancia de contar con un fondo de emergencia en el área de discapacidad resulta cada vez más evidente.

Las instituciones presentes en el encuentro describieron un panorama crítico. Entidades como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM y la Asociación Apadim —que tienen más de 100 personas a cargo cada una— dejaron de percibir los aportes de PAMI y del programa Incluir Salud. Así, se agravó una situación que el Congreso nacional intentó atender con la sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, la aplicación sigue siendo morosa.

Desde la Provincia, la medida fue acompañada de una crítica directa al Gobierno nacional. «La provincia acompaña y ayuda, pero no va a resolver lo que la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad debe resolver», afirmó Montero. Llaryora fue más contundente: «Dejar abandonados a los abuelos, dejar abandonadas a las instituciones de discapacidad, nos parece de una crueldad inmensa», sostuvo el gobernador. Así, se marcó el contraste entre la gestión provincial y la nacional. Por otra parte, cabe destacar que la existencia de un fondo de emergencia permite dar respuesta inmediata a estas necesidades.

El refuerzo se enmarca en un acompañamiento más amplio que la Provincia sostiene hace más de dos años a través del Fondo Provincial de Inclusión Social. Además, este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos. Las entidades beneficiadas trabajan en ese marco en emprendimientos laborales, de capacitación y de autonomía. Sin embargo, tanto Llaryora como Montero fueron claros: lo que Córdoba puede hacer tiene un límite. Por otra parte, la solución estructural depende de que Nación cumpla con la ley que el propio Congreso aprobó.