En las afueras del Congreso los jubilados comenzaron a golpear las vallas de protección. Entre llantos y bronca los jubilados manifestan su descontento. Hay enfrentamientos entre jubilados y las fuerzas de seguridad.
El País
RedacciónLos Diputados traicionaron el voto de confianza que la sociedad les otorgó, en el Congreso dieron el respaldo al veto de Javer Milei tras "comprar" los votos de cinco diputados de la Unión Cívica Radical.
La Libertad Avanza y sus aliados alcanzaron el número de votos que frustró en el recinto la mayoría de dos tercios que buscaba la oposición.
Tras la votación, en las afueras del Congreso de la Nación, jubilados y manifestantes explotaron en llanto y bronca comenando a golpear las vallas de protección para manifestar el descontente con la votación.
Tras la caída del vallado las fuerzas de seguridad comenzaron a desplegar el aparato represivo, comenzando a disparar bombas lacrimógenas, gas pimienta y avanzar sobre los manifestantes.
La ley en cuestión proponía mantener el esquema actual de actualización por inflación, pero añadía un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril de este año. Este aumento buscaba compensar la diferencia entre el 12,5% otorgado por el Gobierno y el 20,6% de inflación registrado en enero.
Uno de los puntos más destacados de la normativa vetada era el establecimiento de un haber mínimo no inferior a 1,09 canastas básicas por adulto, según el Indec. Esto habría elevado la jubilación mínima a $308.011 en agosto, representando un aumento significativo para muchos jubilados y un gasto de $13.000 pesos para cada jubilado.
Además, la ley proponía una modificación en la fórmula de movilidad, incorporando la consideración de los salarios en el cálculo. Se establecía que, de manera semestral, los jubilados recibirían un 50% de la diferencia con el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE) si este estaba por debajo.
El presidente Milei justificó su veto argumentando que la implementación de esta ley pondría en riesgo el plan de déficit cero que el Ejecutivo está llevando a cabo. Esta decisión ha sido recibida con críticas por parte de la oposición y organizaciones de jubilados, quienes argumentan que se está priorizando la austeridad fiscal por encima del bienestar de uno de los sectores más vulnerables de la población.
El veto presidencial ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la política económica y social del gobierno, poniendo de manifiesto las tensiones entre los objetivos fiscales y las demandas de mejora en la calidad de vida de los jubilados argentinos.
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