Córdoba logra acuerdo histórico: Nación reconoce deuda previsional de $60 mil millones

En un avance significativo para las finanzas provinciales, el Gobierno de Córdoba logró este miércoles que la Nación reconociera formalmente la deuda con la Caja de Jubilaciones provincial y presentara un plan de pago que aliviará la situación económica local. El acuerdo se concretó durante la segunda audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, donde ambas partes establecieron las condiciones para saldar la deuda.

Según lo anunciado por el gobernador Martín Llaryora, el Gobierno Nacional abonará 60 mil millones de pesos distribuidos en doce cuotas mensuales y consecutivas. Este reconocimiento representa un importante logro para la administración provincial que venía reclamando estos fondos desde hace tiempo, y que ahora verá reforzadas sus arcas en un contexto económico desafiante.

El ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, calificó el resultado como "un logro muy importante para la Provincia gracias a una férrea decisión política del gobernador Martín Llaryora". El funcionario destacó que el acuerdo fue adecuado y valoró el trabajo realizado por el gobierno provincial en defensa de Córdoba y de los jubilados cordobeses, quienes serán los principales beneficiarios de esta resolución.

La negociación fue facilitada por la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que propició el espacio de diálogo necesario para alcanzar un entendimiento entre las partes. El ministro López agradeció públicamente al máximo tribunal por su rol mediador en el conflicto, permitiendo que se llegara a un acuerdo que respeta los intereses de ambas administraciones.

Este acuerdo marca un precedente importante en las relaciones Nación-Provincia y podría abrir la puerta a resoluciones similares para otras jurisdicciones que mantienen reclamos por fondos previsionales. Para Córdoba, el ingreso de estos recursos representa una bocanada de aire fresco para el sistema previsional provincial y consolida la estrategia del gobierno de Llaryora de defender los derechos financieros de la provincia frente a la administración nacional.