La Justicia deberá resolver dos amparos contra el polémico plan de cierre de calles en Villa Allende

La controversia por el "Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal" de Villa Allende escaló hasta los tribunales. Dos recursos de amparo fueron presentados ante la Cámara Contencioso Administrativa 1 de Córdoba contra la ordenanza 14/25, aprobada el 10 de mayo pasado, que autoriza el cerramiento parcial de calles con portones durante el horario nocturno.

Los demandantes consideran que la normativa vulnera derechos constitucionales fundamentales y solicitan como medida cautelar urgente que se suspenda la implementación del programa hasta que la Justicia resuelva el fondo de la cuestión.

Dos frentes de oposición legal

El primer amparo fue presentado el 13 de junio por vecinos autoconvocados, representados por el abogado Hugo Yagüe. Este grupo, que logró reunir 2.900 firmas contra la ordenanza, argumenta que se violan los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, no discriminación y libertad de tránsito.

"Planteamos la violación a los derechos constitucionales de igualdad ante la ley; pedimos la no discriminación y la libertad de tránsito", expresó Yagüe, quien también cuestionó el restrictivo "Registro de Oposición" que limita la participación a propietarios registrados como contribuyentes.

El segundo recurso fue presentado por diez vecinos de los barrios Pan de Azúcar, San Alfonso y Lomas Sur, junto al abogado Pablo Agüero Piñero y los concejales opositores Marta Banegas (UCR) y Julio Loza (Elegí Villa Allende).

Críticas al fundamento del programa

El concejal Julio Loza cuestionó duramente los fundamentos de la medida: "No hay bases científicas ni estudios, ni antecedentes en Argentina de que pueda tener eficacia. Salvo en Mendoza, donde fracasó".

Loza también criticó que la ordenanza asuma que los delitos son cometidos por personas foráneas sin contar con estadísticas que lo respalden. "La única forma de acreditarlo es mediante la Unidad Judicial, pero no la consultaron para saber si cuenta con estadísticas", afirmó.

Los opositores consideran que el mecanismo de participación ciudadana es antidemocrático al limitarse a quienes estén registrados como contribuyentes, excluyendo a inquilinos y otros residentes.

Villa Allende aprueba polémico plan de seguridad que incluye cierre nocturno de accesos

El municipio defiende la medida

Felipe Crespo, secretario de Gobierno municipal, confirmó que aún no fueron notificados oficialmente por la Cámara pero se mostraron respetuosos de las decisiones judiciales.

Crespo defendió el programa señalando que la primera zona de intervención será en Pan de Azúcar y Lomas Sur, "la de mayor sufrimiento de hechos de inseguridad, por cercanía con la Capital".

"Queremos que el sistema de seguridad integral sea más eficiente. Solo algunas calles estarán cerradas de 22 a 6. Contamos con estadísticas de la Policía, las que indican que durante la noche hay un alto crecimiento de delitos", argumentó el funcionario.

Un programa integral controvertido

El programa incluye el cerramiento parcial de arterias secundarias en horario nocturno (22 a 6 horas), la instalación de 250 cámaras lectoras de patentes, 57 domos policiales y cinco móviles de Seguridad Ciudadana adicionales.

La implementación se realizará en tres áreas que abarcan barrios como Loma Sur, Pan de Azúcar, La Cruz, La Amalia, San Alfonso y El Ceibo, con un total de 35 accesos que serían cerrados durante la noche.

La convocatoria para el "Registro de Oposición" comenzaría la semana del 7 de julio a través del sistema Cidi nivel 2, permitiendo que los vecinos contribuyentes se manifiesten sobre la implementación en sus zonas.

Fuerte rechazo vecinal al proyecto de cerramiento en Villa Allende

El intendente Cornet había justificado la medida señalando que "lo que se hizo hasta ahora no dio tanto resultado" y que el objetivo es "facilitar el control preventivo de la seguridad ciudadana y reducir las vías de escape utilizadas por los delincuentes".

Ahora la Justicia deberá determinar si este controvertido programa puede implementarse o si efectivamente vulnera derechos constitucionales fundamentales, en una decisión que marcará un precedente para políticas similares en otras localidades de la provincia.