Damnificados de Márquez y Asociados acampan frente a las oficinas exigiendo respuestas tras años de pagar por viviendas que nunca fueron construidas. La fiscalía de Delitos Complejos investiga las denuncias mientras los afectados critican la pasividad judicial.
Córdoba 01/04/2025
Redacción
La crisis habitacional en Córdoba se agrava con el aumento de denuncias contra empresas constructoras que prometen viviendas pero nunca las entregan. El caso de Márquez y Asociados ha tomado relevancia luego de que decenas de damnificados montaran carpas frente a las oficinas de la empresa en señal de protesta. Según testimonios de los afectados, la constructora ahora pretende que firmen una adenda al contrato original que extendería el plazo de construcción hasta siete años, sin establecer siquiera una fecha de inicio para las obras.
Las historias de los damnificados evidencian un patrón sistemático de incumplimiento. Mauro Sosa, uno de los denunciantes, relató que vendió su casa y un automóvil 0km para cumplir con los pagos requeridos en 2024, sin obtener respuesta por parte de la empresa. "Del 2022 nos tienen con mentiras, nunca logré que pusieran un ladrillo en mi casa", expresó ante los medios locales. Por su parte, Sofía Alfaro, quien firmó su contrato en 2018 y completó los pagos en 2020, denunció que la empresa solo trabajó un mes durante el año pasado y continúa postergando indefinidamente la finalización de su vivienda.
Pese a la gravedad de las acusaciones, los denunciantes señalan la preocupante inacción de la justicia cordobesa frente a este tipo de fraudes inmobiliarios. Si bien las denuncias están siendo investigadas por el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, los afectados aseguran que los procedimientos judiciales avanzan con excesiva lentitud mientras las empresas continúan operando y captando nuevos clientes. Esta aparente impunidad ha generado un clima de desconfianza hacia el sistema judicial, que parece mostrar cierta permisividad con las constructoras denunciadas.
El fenómeno de las estafas inmobiliarias se ha extendido en Córdoba durante los últimos años, con múltiples empresas que utilizan esquemas similares: contratos con cláusulas ambiguas, permanentes postergaciones en los plazos de entrega y finalmente la propuesta de firmar adendas que dilatan aún más las obligaciones contractuales. Expertos en derecho inmobiliario advierten que la falta de un marco regulatorio específico y sanciones ejemplares permite que estas prácticas fraudulentas continúen afectando a cientos de familias que ven esfumarse sus ahorros de toda la vida en proyectos que nunca se materializan.
El gobernador firmó los contratos para construir importantes obras viales en Av. Vélez Sarsfield y Ruta 19. Las obras comenzarán en 20 días y generarán 350 puestos de trabajo directos en un contexto donde Córdoba se posiciona como la provincia con mayor inversión en infraestructura per cápita del país.
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