Justicia de EE.UU. rechaza pedido argentino para suspender la entrega de acciones de YPF

La jueza Loretta Preska desestimó la solicitud del gobierno de Milei para postergar la transferencia del 51% de la petrolera estatal a fondos especulativos. Argentina debe depositar los títulos en una cuenta de custodia dentro de 14 días como parte del pago de una indemnización de US$17.750 millones por la expropiación de 2012.

El País 14/07/2025Redacción Minuto CórdobaRedacción Minuto Córdoba
2025-YPF

La jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes el pedido de Argentina para suspender la orden que obliga al país a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park. La decisión representa un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei en el litigio que busca evitar la pérdida de control sobre la compañía petrolera estatal, expropiada en 2012 durante la administración de Cristina Kirchner.

El gobierno argentino había solicitado la suspensión de la sentencia del 30 de junio, argumentando que cumplir con la orden violaría la Ley de Expropiación de YPF, que requiere aprobación del Congreso con mayoría de dos tercios para cualquier traspaso accionario. Además, sostuvo que la medida causaría un "daño irreparable" a la soberanía nacional. Sin embargo, Preska mantuvo su fallo, que obliga a Argentina a depositar las acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon dentro de 14 días.

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La defensa argentina, a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, sostiene que la orden infringe la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos y principios de cortesía internacional. El gobierno cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense, que en noviembre de 2023 advirtió que la transferencia de acciones violaría normas de inmunidad soberana. Anticipándose al fallo adverso, Argentina ya apeló la decisión el jueves pasado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

El litigio tiene origen en la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el gobierno de Kirchner no ofreció compensación equivalente a los accionistas minoritarios, como el grupo Petersen, cuyos derechos fueron adquiridos por Burford Capital. La sentencia de septiembre de 2023 condenó a Argentina a pagar una indemnización de US$17.750 millones con intereses. La próxima audiencia está programada para el 15 de julio, donde se abordará la solicitud de los demandantes de obtener información sobre activos estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, lo que podría abrir la puerta a nuevos

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