El Presidente confirmó que recurrirá la decisión de la jueza estadounidense Lorena Preska que ordena entregar el paquete accionario de la petrolera estatal. Aprovechó para atacar al gobernador bonaerense en el marco de la campaña electoral.
El País
Redacción
El presidente Javier Milei anunció oficialmente que el gobierno argentino apelará el fallo de la jueza estadounidense Lorena Preska, quien ordenó al Estado entregar el paquete accionario de YPF. La decisión judicial se enmarca en el conflicto que se originó tras la nacionalización de la petrolera en 2012.
En un mensaje publicado en redes sociales titulado "UN FALLO CONTRA KICILLOF", Milei responsabilizó directamente al actual gobernador de Buenos Aires por la situación judicial. "Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", expresó el mandatario.
El fallo de la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se suma a una condena previa de septiembre, donde el tribunal ordenó al Estado argentino pagar 16.000 millones de dólares en beneficio del fondo Burford Capital, que había adquirido las acciones de Petersen Energía.
La disputa judicial se remonta a la nacionalización de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, cuando Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía. La medida expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol.
Milei no se limitó a cuestionar la gestión pasada de Kicillof, sino que también apuntó contra su actual desempeño como gobernador bonaerense. "Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires", declaró en un claro mensaje electoral.
La apelación del gobierno argentino trasladará el caso a la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, extendiendo el proceso judicial que podría tener consecuencias significativas para las finanzas públicas del país.
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El Ejecutivo solicitó una medida cautelar a la jueza Preska para evitar la ejecución de la sentencia que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal. Además, confirmó que no dialogará con el fondo demandante hasta una resolución definitiva.
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