El Legislador defendió la medida provincial tras las declaraciones del ministro del Interior, quien cuestionó el incremento y lo vinculó con fondos nacionales. La tensión escaló a través de redes sociales.
Política30/07/2025
Redacción Minuto Córdoba
La polémica por el aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio anunciado por el gobierno de Córdoba llegó hasta la Casa Rosada y generó un fuerte cruce entre el gobernador Martín Llaryora y el ministro del Interior, Guillermo Francos. El conflicto se desató tras las críticas del funcionario nacional a la medida provincial, lo que provocó una respuesta inmediata del oficialismo cordobés a través de sus redes sociales.
El ministro Francos había cuestionado en una entrevista televisiva la decisión del gobierno provincial de incrementar las jubilaciones, vinculando la medida con fondos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación. Estas declaraciones fueron el detonante para que el oficialismo de Córdoba salga al cruce del funcionario nacional, calificando sus afirmaciones como erróneas y malintencionadas.
"El aumento a los jubilados cordobeses lo hace el gobierno provincial, con dinero de los cordobeses, por lo que es una mentira absoluta decir que lo hace con dinero del gobierno nacional", expresó Miguel Siciliano, Legislador, además defendió la medida como una decisión autónoma de la provincia, financiada con recursos propios y no con fondos nacionales como había sugerido Francos.
El mandatario provincial también rebatió los argumentos sobre el financiamiento de la medida, recordando que Córdoba mantiene "uno de los ingresos brutos más bajos del país". En este sentido, calificó como "otra mentira absoluta" la sugerencia de que el aumento se sustenta en incrementos de la recaudación provincial por ingresos brutos.
La medida anunciada por Llaryora incluye no solo el incremento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, sino también un bono bimestral de 100 mil pesos para los beneficiarios. Esta decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional, evidenciando las diferencias en materia de política previsional y el manejo de los recursos públicos.
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