Del «Diputesla» al remate del Estado: las dos caras del modelo libertario

• Mientras el diputado Manuel Quintar exhibe un lujoso Cybertruck en el Congreso y acumula denuncias por desvío de fondos de PAMI y ANDIS, el Gobierno avanza con la privatización a precio de remate de empresas estratégicas como AySA e Intercargo. Además, el tema de Diputesla también genera polémica en la discusión pública.

El contraste en el garage del Congreso de la Nación no podría ser más explícito. En medio de un severo ajuste que pulveriza jubilaciones y salarios, la aparición de un Tesla Cybertruck —valuado en unos 300 millones de pesos— encendió la polémica. El dueño del excéntrico vehículo es Manuel Quintar, diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza. Ante las críticas, el presidente Javier Milei recurrió a su conocido mantra: «Con la suya puede hacer lo que quiera». Sin embargo, las denuncias judiciales que pesan sobre el legislador cuestionan el origen de esa fortuna. Además, la vinculan directamente con el desvío de fondos públicos de organismos como el PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hacia el entramado de clínicas privadas de su familia.

El caso de Quintar funciona como una perfecta metáfora a escala de la gestión actual: un discurso que ensalza el éxito privado. Sin embargo, por detrás, se consolidan beneficios para una élite con acceso directo al Estado. Según la denuncia penal presentada por el abogado Facundo Pérez Ernst, la delegación del PAMI en Jujuy —dirigida por un excontador del sanatorio de los Quintar— habría montado un esquema. Dicho esquema serviría para direccionar prestaciones y fondos millonarios hacia las firmas del diputado, su esposa y sus socios. A esto se le suman investigaciones por presuntos sobreprecios y desvíos en la obra social OSPRERA y en la ANDIS. Esta última además se ve salpicada por el procesamiento de su extitular, Diego Spagnuolo.

Privatizaciones exprés y el remate de activos estratégicos

Este esquema de acumulación particular tiene su correlato macroeconómico en las grandes decisiones del Poder Ejecutivo. El viceministro de Economía, José Luis Daza, confirmó que el Gobierno proyecta recaudar 3.000 millones de dólares durante 2026 mediante la venta y concesión de empresas públicas. Este plan fue diseñado para sostener las reservas y cumplir con los compromisos del FMI.

La velocidad del remate ha encendido alarmas jurídicas y sindicales en sectores clave:

• AySA: El Ministerio de Economía confirmó la publicación de los pliegos para vender el 90% de las acciones de la principal proveedora de agua potable del AMBA. Este es un negocio que ya tienta a grandes grupos empresarios locales.
• Intercargo: La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el Gobierno por «administración fraudulenta». El motivo: se fijó un precio base de venta de 45 millones de dólares para la empresa de servicios aeroportuarios. Sin embargo, sus propios balances oficiales registran activos corrientes por 55 millones y un superávit de 20 millones.
• Energía Atómica (CNEA): Se habilitó un expediente para que inversores privados tengan acceso a documentación técnica y visitas a yacimientos estratégicos de uranio (que suman más de 38.000 toneladas) e instalaciones clave. Esto ocurre coincidiendo con inspecciones de autoridades de los Estados Unidos.

La paradoja del modelo queda así al descubierto: mientras se promueve la austeridad para las mayorías, el patrimonio nacional se liquida a precios subvaluados. Asimismo, los sectores más cercanos al poder concentran ganancias extraordinarias.