Las clínicas y sanatorios de la provincia anunciaron el viernes pasado que cobrarán coseguros a los afiliados. Los montos varían de acuerdo con la complejidad de la prestación y arrancan en los $ 3.000 por una consulta por guardia.
 
 El comunicado enumera los factores que contribuyen a la “situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que deriva, pese a años de alertar sobre la problemática, en el perjuicio de los pacientes”.

Una de esas situaciones problemáticas es la demora en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas. “En promedio, la demora es de tres meses para pagar una práctica médica o un estudio”, sostuvo la entidad.

Según el Consejo, el retraso tiene una causa histórica: “Antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”.

La entidad advirtió que las financiadoras (obras sociales y prepagas) “deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.

 La entidad advirtió que el sistema de atención de la salud colapsó “como consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos”.

“Cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro”.

De lo contrario, el prestador (instituciones o trabajadores de la salud) reciben descuentos “por las dudas”, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia, agregó.

Finalmente, el Consejo de Médicos expresó que los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema “no deben pagarlos los prestadores, sino las financiadoras“ aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura”.