Dos amparos buscan frenar la ordenanza de seguridad vecinal en Villa Allende

A un mes de la aprobación de la ordenanza Nº 14/25 por parte del Concejo Deliberante de Villa Allende, que contiene el marco del Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal, dos acciones de amparo fueron interpuestas contra dicha legislación. Ambas medidas quedaron radicadas en la Cámara Contenciosa Administrativa Nro. 1 de la Ciudad de Córdoba y solicitan como medida cautelar la suspensión de la aplicación de la ordenanza.

La primera acción fue presentada el 10 de junio por vecinos patrocinados por el Dr. Pablo Agüero Piñero, acompañados por los concejales Julio Loza y Marta Banegas del bloque Elegí Villa Allende. Los demandantes cuestionan específicamente la autorización del cerramiento de calles y el sistema de Registro de Oposición, al que solo pueden acceder quienes estén incluidos en el padrón de contribuyentes.

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"Se solicita al Tribunal ordene a la Municipalidad de Villa Allende que se abstenga de aplicar la medida de 'cerramiento vehicular de calles', declarando la inconstitucionalidad de semejante disposición, como así también del desigual y discriminatorio sistema de etapa previa", indicaron los demandantes. El concejal Loza explicó que la medida cautelar debería resolverse en no más de diez días, mientras que el pronunciamiento de fondo puede llevar varios meses.

La segunda acción fue presentada el viernes 13 de junio por vecinos autoconvocados, quienes buscan la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 3 de la ordenanza y del anexo I. Argumentan que la norma viola derechos constitucionales como la libertad de tránsito, el derecho a la participación, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a la no discriminación y la igualdad ante la Ley.

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Hugo Yagüe, abogado e integrante del grupo que impulsó esta segunda medida, señaló que "esto fue acompañado de un abundante capítulo de pruebas donde exponemos de manera clara la improvisación que ha sido el fundamento de este proyecto". Los demandantes consideran que el Registro de Oposición "cercena de manera decisiva la posibilidad de participar de los vecinos que no sean titulares de la tasa de servicios a la propiedad", lo cual califican como "abiertamente inconstitucional". Ambos grupos coinciden en que la ordenanza genera discriminación al excluir a inquilinos, residentes, trabajadores y comerciantes del proceso de participación ciudadana.

Fuente: Nexo