El ministro de Defensa, Luis Petri, firma resolución que permite a las Fuerzas Armadas detener civiles en situación de flagrancia durante patrullajes en la frontera norte.
El País 28/04/2025
Redacción
El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en situación de flagrancia durante los patrullajes en la frontera norte, como parte de las nuevas “reglas de empeñamiento” establecidas en el marco del “Operativo Roca”. La resolución reservada 347, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, permite a los efectivos portar armas cargadas en situaciones de eventual peligro, en un operativo conjunto con Gendarmería para reforzar la vigilancia en zonas sensibles como Salta y Jujuy.
Petri argumentó que el arresto de personas en flagrancia está previsto por el Código Procesal Penal de la Nación, aunque exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que estas medidas podrían colisionar con la actual Ley de Seguridad Interior, que limita las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. “De acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”, señaló Petri.
Las directivas establecen los protocolos de actuación ante posibles agresiones, buscando restringir el uso de la fuerza a casos de legítima defensa propia o de terceros. El uso de la fuerza “se guiará por los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, que se desprenden del artículo 34 del Código Penal de la Nación y que se usan para las fuerzas policiales”. Las “reglas de empeñamiento” también establecen criterios de gradualidad para el uso de las armas de fuego y detallan técnicas de control disuasivo, incluyendo disparos de advertencia. Sin embargo, prohíben disparar contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de un control.
Dentro de las Fuerzas Armadas existe cierta preocupación por las posibles consecuencias judiciales de accidentes durante los patrullajes. Voces críticas de la oposición advirtieron sobre la falta de un marco legal claro para este despliegue militar. El “Operativo Roca” comenzó en Salta con 1.300 soldados y la intención oficial es movilizar hasta 10.000 efectivos antes de fin de año, aunque las fuentes señalaron que el Ejército no tiene capacidad material para sostener ese número en forma simultánea.
La medida ha generado controversia, con algunos defendiendo la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera norte, mientras que otros advierten sobre el riesgo de abuso de poder y la necesidad de un marco legal más claro. Petri defendió la medida, diciendo: "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar".
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