Una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial autoriza una millonaria inyección de dinero a la Secretaría de Inteligencia, de la cual más de $8 millones serán destinados a gastos sin control
El País 06/05/2025
Redacción
El gobierno de Javier Milei autorizó una ampliación presupuestaria de $25.250.000 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según consta en la Decisión Administrativa 10/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida resulta particularmente polémica porque establece que $8.017.600 millones del total serán asignados a "gastos reservados", fondos que pueden utilizarse de manera discrecional y cuyo destino específico no requiere justificación pública.
La ampliación presupuestaria fue justificada oficialmente bajo el argumento de que "resulta oportuno realizar compensaciones presupuestarias" entre diferentes áreas gubernamentales, incluyendo subjurisdicciones del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa y de la propia SIDE. Sin embargo, la breve explicación publicada en el documento oficial no ofrece detalles específicos sobre los motivos que fundamentan esta necesidad ni los objetivos concretos que se persiguen con la asignación de estos nuevos recursos.
En los círculos políticos, la decisión es interpretada como un respaldo directo del presidente Milei a su asesor principal Santiago Caputo, figura política de creciente poder dentro del gobierno y quien recientemente protagonizó un incidente con un fotoperiodista. Caputo mantiene una estrecha relación con Sergio Neiffert, actual titular del organismo de inteligencia, y según fuentes cercanas al Ejecutivo, ejerce una influencia determinante en la dirección estratégica de la secretaría.
Esta no es la primera vez que la gestión de Milei refuerza financieramente a la SIDE. Desde el inicio de su mandato, el presidente intentó habilitar $100.000 millones para el organismo mediante un DNU que posteriormente fue rechazado por el Congreso. Además, a principios de año ya había destinado otros $7.300 millones a la agencia, de los cuales $1,6 millones fueron asignados específicamente para gastos reservados bajo la órbita de influencia de Santiago Caputo.
La creciente asignación de recursos a la Secretaría de Inteligencia contrasta con el discurso de austeridad fiscal que caracteriza al gobierno actual y genera inquietudes en la oposición, que cuestiona la falta de transparencia en el manejo de estos fondos y la ausencia de mecanismos de control parlamentario efectivos. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende estas medidas como necesarias para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad e inteligencia estratégica, aunque sin brindar mayores precisiones sobre los resultados esperados.
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