Jornada Federal por los derechos de personas con discapacidad

Diversas organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad llevan adelante una Jornada Federal de protesta para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector debido a la falta de actualización de aranceles y las demoras sistemáticas en los pagos por parte de las obras sociales. La medida de fuerza busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

Los prestadores denuncian que la desactualización de los valores de los servicios y las deudas acumuladas por parte de las obras sociales están poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de las instituciones que brindan atención especializada. Esta situación compromete directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, quienes dependen de estos servicios para su desarrollo e inclusión social.

La problemática afecta a centros de día, instituciones de rehabilitación, prestadores de apoyo escolar, servicios de transporte adaptado y otras modalidades de atención que forman parte del sistema integral de cuidados para personas con discapacidad. Los representantes del sector alertan que muchas organizaciones se encuentran al borde del cierre debido a la imposibilidad de sostener los costos operativos con los recursos actuales.

Durante la jornada, las organizaciones exigen una respuesta inmediata de las autoridades para resolver tanto la actualización de los aranceles según los índices de inflación como el pago de las deudas pendientes que mantienen las obras sociales con los prestadores. Los manifestantes sostienen que esta situación constituye una violación a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad reconocidos por la Convención Internacional y la legislación nacional.

La medida de fuerza cuenta con el apoyo de familias, profesionales del sector y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Los organizadores esperan que esta movilización genere la presión necesaria para que las autoridades tomen medidas concretas y garanticen el financiamiento adecuado del sistema de prestaciones, evitando así el colapso de servicios fundamentales para la inclusión social.