Córdoba modifica la ley de juego online en medio de polémica y preocupación por apuestas juveniles

En una sesión marcada por la controversia, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles modificaciones a la Ley 10.793, que establece el marco legal para el juego online en la provincia. La votación, que terminó en un empate de 35 votos, requirió el desempate del presidente de la Cámara, Facundo Torres Lima, para inclinar la balanza a favor de las reformas propuestas por el oficialismo de Hacemos por Córdoba.

Las modificaciones aprobadas incluyen la implementación de un registro de datos biométricos para prevenir las apuestas de menores de edad, la prohibición de publicidad relacionada con el juego online, y la exigencia a la Lotería de Córdoba de realizar campañas de concientización sobre los riesgos asociados a esta práctica. Estas medidas buscan reforzar el control y la regulación de una actividad que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad cordobesa.

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La decisión legislativa se produce en un contexto alarmante, revelado por un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. El estudio, que analizó noventa casos, indicó que el 46,3% de los adolescentes entre 14 y 17 años en la ciudad capital y el Gran Córdoba apuestan entre $1.000 y $5.000 semanalmente en plataformas de juego online. Esta realidad subraya la urgencia de las medidas adoptadas y plantea interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones existentes.

La oposición, liderada por el Frente Cívico, abogó sin éxito por la derogación total de la ley, argumentando que las modificaciones no son suficientes para abordar los problemas de fondo. A pesar de la controversia, el territorio cordobés ya cuenta con cuatro sitios de juegos online licitados: Jugadón, Playcet, Bplay y Betsson, lo que complica aún más el panorama regulatorio y social.

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El debate en torno a la Ley 10.793 y sus modificaciones refleja una tensión más amplia entre el potencial económico del juego online y sus impactos sociales, especialmente en la población más joven. Mientras el oficialismo sostiene que las nuevas medidas fortalecerán la protección de los menores y promoverán un juego responsable, los críticos argumentan que se necesitan acciones más contundentes para prevenir la adicción al juego y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad cordobesa.