El Senado dio luz verde con 46 votos afirmativos a una nueva legislación que permitirá juzgar a acusados prófugos en casos de lesa humanidad y terrorismo. La medida podría impactar directamente en la causa AMIA, tras tres décadas sin avances significativos.
El País 21/02/2025
Redacción
El Senado aprobó el pasado jueves 20 de febrero la ley que regula el juicio en ausencia en Argentina, una herramienta procesal que permitirá continuar con el juzgamiento de acusados que se encuentren prófugos o no comparezcan ante la justicia. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo en julio de 2024, obtuvo 46 votos afirmativos y modifica el Código Procesal Penal de la Nación para permitir procesos judiciales sin la presencia física del imputado.
La nueva normativa establece que el juicio en ausencia podrá aplicarse exclusivamente en casos de extrema gravedad como genocidios, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, tortura y terrorismo. Para implementar este procedimiento, debe comprobarse que el acusado conoce la existencia del expediente pero deliberadamente no se presenta, y que se hayan realizado intentos de captura durante al menos cuatro meses mediante órdenes nacionales e internacionales.
La ley contempla garantías para el imputado, estableciendo que si este se presenta durante el desarrollo del juicio, debe ser escuchado inmediatamente. Además, si comparece dentro de los diez días posteriores a una sentencia condenatoria, puede solicitar un nuevo proceso si demuestra no haber tenido conocimiento del caso o haber enfrentado un impedimento grave y legítimo para presentarse.
Esta legislación podría representar un punto de inflexión para la causa AMIA, donde los acusados iraníes fueron llamados a indagatoria en 2006 pero nunca se presentaron ante la justicia argentina. Desde el atentado ocurrido en 1994, que dejó 85 víctimas fatales, la investigación ha enfrentado múltiples obstáculos, incluida la imposibilidad de juzgar a los sospechosos por encontrarse fuera del alcance jurisdiccional argentino.
La iniciativa ha generado controversia entre juristas y organizaciones de derechos humanos. Mientras algunos especialistas como el juez Marcelo Aguinsky consideran que es compatible con la Constitución Nacional si se garantiza la notificación al acusado y la posibilidad de revisar la sentencia presencialmente, otros como el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni han expresado que viola garantías fundamentales.
Amnistía Internacional también manifestó su preocupación, cuestionando cómo los jueces podrían adoptar decisiones objetivas sin la presencia del acusado. Sin embargo, defensores de la ley argumentan que se trata de una modificación procesal y no sustantiva del derecho penal, por lo que no vulneraría el principio de irretroactividad de la ley penal establecido en la Convención Americana.
La normativa sigue tendencias internacionales, ya que países como España, Francia, Alemania e Italia cuentan con mecanismos similares que permiten la continuación del proceso penal en ausencia del imputado bajo ciertas condiciones. Los impulsores de la ley sostienen que estos antecedentes demuestran la posibilidad de implementar este mecanismo sin afectar los principios del debido proceso.
La aprobación coincide con un momento significativo para la causa AMIA, luego de que en abril de 2024 la Cámara Federal de Casación Penal declarara al atentado como un crimen de lesa humanidad. En aquella oportunidad, el juez Carlos Mahíques señaló a Irán y a la organización Hezbollah como responsables y exhortó a los poderes del Estado a impulsar una reforma legislativa que permitiera la aplicación del juicio en ausencia.
La ley representa uno de los proyectos más significativos impulsados por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y marca un precedente en el sistema judicial argentino. Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, que llevan 30 años reclamando justicia, ven en esta normativa una posibilidad concreta de avance en la causa, aunque el debate sobre sus implicancias constitucionales continuará en los tribunales cuando comience a aplicarse en casos concretos.
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