Llaryora propone nuevas designaciones para el Tribunal Superior y el Ministerio Público de la Defensa de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dio un paso significativo en la renovación del sistema judicial provincial al enviar este domingo a la Legislatura los pliegos para tres importantes designaciones en el poder judicial. La medida incluye la nominación de la doctora Jessica Raquel Valentini como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia, en reemplazo de la doctora Blanc de Arabel, quien renunció el pasado 1 de febrero.

La doctora Valentini, de 62 años, cuenta con una destacada trayectoria en la administración pública provincial, habiendo servido durante las gestiones de Eduardo César Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Su perfil profesional está fuertemente orientado a la defensa de los derechos sociales, particularmente en áreas como la protección del consumidor y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Actualmente se desempeña como Oficiala Mayor de la Municipalidad de Córdoba y anteriormente ocupó el cargo de Defensora Adjunta en la Defensoría del Pueblo.

El paquete de designaciones incluye también al doctor Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General del Ministerio Público de la Defensa. Bustos Fierro, actual Fiscal General Adjunto, posee una extensa experiencia en el ámbito judicial federal, habiendo ocupado diversos cargos en el Tribunal Oral Federal y la Cámara Federal de Apelaciones. Su trayectoria incluye una activa participación en la docencia universitaria y múltiples distinciones académicas.

Completa la terna de nombramientos el doctor Pablo Damián Pupich, propuesto como Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa. Pupich, quien actualmente se desempeña como Defensor Público Penal y Director General de las Unidades de la Defensa de la Provincia, es especialista en derecho Penal Económico y cuenta con una carrera de más de 25 años en el Poder Judicial, donde ingresó en 1997.

Con estas nominaciones, el gobierno provincial busca fortalecer la administración de justicia manteniendo la paridad de género en el Tribunal Superior y apostando por perfiles que combinan experiencia judicial, formación académica y compromiso social. Los pliegos serán ahora evaluados por los legisladores cordobeses para su eventual aprobación.