En un intento por mostrar resultados positivos, el gobierno libertario celebra que la inflación mensual ha roto el piso del 4%, alcanzando un 3,5% en septiembre. Este logro, aunque esperado inicialmente para julio o agosto, ha llegado con un costo social significativo. La administración actual atribuye esta desaceleración a su política de "ortodoxia fiscal y monetaria", pero economistas independientes señalan que la realidad detrás de estas cifras es mucho más compleja y preocupante.
La baja en la inflación se debe principalmente a dos factores: una recesión provocada por un severo ajuste fiscal y un tipo de cambio atrasado. Lejos de ser indicadores de una economía saludable, estos elementos revelan las contradicciones inherentes al modelo económico implementado. La recesión ha golpeado duramente el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que el atraso cambiario, en un contexto de escasez de reservas en el Banco Central, pone en riesgo la estabilidad económica a mediano plazo.
El dilema que enfrenta el gobierno es evidente: mantener la inflación baja a costa de profundizar la recesión o buscar una recuperación económica que inevitablemente provocará un repunte inflacionario. Hasta ahora, la administración parece inclinarse por la primera opción, lo que se traduce en un estancamiento del consumo y la actividad productiva. Los datos son alarmantes: el salario mínimo es uno de los más bajos de la región, y la canasta básica para una familia de tres integrantes supera los 340,000 pesos, cifra inalcanzable para gran parte de la población.
La situación se torna aún más crítica al considerar la escasez de reservas en dólares, el verdadero talón de Aquiles del gobierno. Una recuperación genuina de la actividad económica requeriría un aumento en las importaciones de insumos, lo que demandaría divisas que el país no posee. Este escenario pone al gobierno en una encrucijada: mantener un dólar artificialmente barato para controlar la inflación, arriesgándose a un salto cambiario que borraría todo lo logrado, o permitir una devaluación que impactaría negativamente en los precios. En cualquier caso, la población argentina sigue siendo la principal afectada por estas políticas económicas que priorizan los indicadores macroeconómicos por encima del bienestar social.
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