Representantes de las principales provincias productoras buscan restringir el poder del Ejecutivo para modificar los derechos de exportación, en un contexto donde el Gobierno necesita divisas para afrontar vencimientos de deuda.
Política16/04/2025
Redacción
La tensión entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario vuelve a intensificarse luego de que diputados de diversas regiones productivas del país anunciaran la elaboración de un proyecto de ley que busca limitar las facultades del presidente Javier Milei respecto a las retenciones agrícolas. Esta iniciativa surge como respuesta a las recientes declaraciones presidenciales donde advirtió al campo que "debían liquidar la cosecha ahora, porque en julio vuelven las retenciones".
El conflicto se centra en una de las principales herramientas fiscales del Estado argentino para la captación de divisas: los derechos de exportación sobre productos agrícolas. Mientras el Ejecutivo considera fundamental este instrumento para generar dólares "genuinos" que permitan afrontar los próximos vencimientos de deuda externa, los representantes de las provincias productoras argumentan que estas medidas perjudican severamente a un sector estratégico de la economía nacional.
Analistas políticos señalan que esta situación representa una paradoja dentro del esquema ideológico del actual gobierno, que se define como liberal pero recurre a mecanismos tributarios similares a los criticados durante la gestión anterior. Por su parte, los legisladores opositores remarcan la necesidad de establecer reglas claras y previsibles para un sector que requiere planificación a largo plazo y que históricamente ha respondido positivamente a las políticas de reducción impositiva.
Esta pulseada legislativa se produce en un contexto económico complejo, donde el gobierno necesita urgentemente incrementar las reservas del Banco Central para hacer frente a los compromisos financieros internacionales. Sin embargo, productores agropecuarios sostienen que un aumento en las retenciones podría desincentivar la producción y la liquidación de divisas, generando el efecto contrario al buscado por el Ejecutivo.
De prosperar la iniciativa parlamentaria, el Poder Ejecutivo vería significativamente acotado su margen de maniobra para modificar unilateralmente los derechos de exportación, debiendo contar con aprobación legislativa para cualquier cambio sustancial en esta materia, lo que podría representar un primer revés significativo para la administración de Milei en su relación con el Congreso Nacional.
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