La Federación Argentina LGBT reportó un aumento del 70% respecto al año anterior, con personas trans como principales víctimas y el Estado como principal victimario en más del 50% de los casos
Radio 10 Córdoba14/08/2025
Redacción Minuto Córdoba
La Federación Argentina LGBT presentó a fines de julio su informe semestral 2025 sobre crímenes de odio, revelando una cifra histórica y alarmante: 102 casos documentados contra la población LGBTIQ+ en los primeros seis meses del año. Este número representa más del 70% de los 140 casos reportados en todo 2024, marcando un incremento sin precedentes en la violencia motivada por orientación sexual e identidad de género.
Los crímenes de odio, definidos como prácticas que atentan contra derechos a la vida o integridad física y emocional por la orientación sexual o expresión de género de las víctimas, muestran un patrón preocupante. El 65% de los casos reportados tiene como víctimas a personas trans, confirmando que esta es la población más vulnerable dentro del colectivo de la diversidad sexual. "Las principales víctimas tienen entre 20 y 29 años, una edad en la que estas personas nacieron en un contexto de conquista de derechos históricos", señaló el informe.
El dato más grave del reporte indica que en más del 50% de los crímenes de odio la responsabilidad recae en instancias del Estado. Esto incluye violencia ejercida por fuerzas de seguridad, pero también situaciones de discriminación y maltrato en organismos públicos como el registro civil, ministerios o centros de salud. "Cuando se va a ejercer un derecho a la salud en algún centro de salud o en algún ministerio" se registran estos episodios, evidenciando que el propio Estado, que debería garantizar derechos, se convierte en victimario.
El informe, disponible en www.falgbt.org, surge del trabajo de relevamiento que la organización realiza desde 2016, analizando casos que toman relevancia pública a través de medios de comunicación, reportes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y información de organizaciones de la diversidad en todo el país. Sin embargo, los especialistas advierten que estas cifras representan solo los casos visibilizados, por lo que la realidad podría ser aún más grave.
En un contexto de desfinanciamiento de la ciencia y desarticulación de instituciones como el INADI, el trabajo del activismo LGBTIQ+ cobra mayor relevancia para documentar y visibilizar estas violencias. El informe destaca avances jurídicos importantes, como el caso de Tehuel de La Torre y fallos que reconocen la motivación por orientación sexual como agravante, construyendo jurisprudencia hacia una futura ley nacional contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual.
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